Los ecologistas piden la emisión íntegra del capítulo 12 de Las riberas del mar océano.

Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, ha manifestado hoy que es intolerable que en una democracia se puedan dar órdenes desde el Gobierno a una televisión pública, pagada por la ciudadanía, para que se censure parte del contenido de un documental, pagado con dinero público, sobre la destrucción de la costa, patrimonio también de todos los españoles, a causa del urbanismo salvaje y la corrupción asociada que corroe a nuestro país.

El coportavoz se refiere de esta manera a la noticia publicada por un medio nacional que informa del bloqueo por parte del Ministerio de Medio Ambiente del documental encargado en 2006 por Cristina Narbona sobre la destrucción del litoral y que fue financiado con 1.292.874 euros de dinero público. El MARM pretende ahora censurar dos minutos de dicho documental, donde aparecen noticias del Telediario referidas a la corrupción urbanística en el litoral.

La coportavoz de la plataforma ecologista, Sonia Ortiga, exige la emisión íntegra del documental “porque no se pueden hacer concesiones a los corruptos, sobre todo cuando el partido gobernante y el primer partido de la oposición son los que han protagonizado el mayor número de escándalos urbanísticos en nuestro país y aún no se han tomado las medidas adecuadas para evitarlos en el futuro”. A este respecto, Ortiga recuerda que la Coordinadora Verde ha pedido más transparencia y participación social en los trámites administrativos relacionados con el urbanismo, así como el endurecimiento de las penas a quienes cometan este tipo de delitos.

La Coordinadora Verde se hace eco una vez más del informe de la Sra Auken, eurodiputada de Los Verdes, que critica con dureza desde el Parlamento europeo la urbanización masiva en España y sugiere suspender las ayudas de la Unión Europa en caso de que no se remedien los problemas. España debe dejar de ignorar la realidad de la especulación y corrupción urbanística y los abusos contra el derecho de la propiedad, y debe admitir que este modelo de urbanismo esta totalmente caduco y empeora las consecuencias de la crisis económica y ecológica.